Cuenta pública superintendente coloma (el mercurio)
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Si es cierto que las medidas anunciadas están fuertemente influenciadas por el caso La Polar y el ánimo de evitar -en la medida de lo posible- fraudes corporativos en el futuro, algunas de mis sugerencias -poco originales en realidad, pues son tomadas de la experiencia internacional- irían por algunos de los siguientes temas:
1. Promover la conciencia pública de que el fraude corporativo es un fenómeno global, estructural, y transversal al mercado, con enormes costos financieros y sociales.
2. A nivel normativo, centrarse en la urgente modificación para hacer de la Ley de Resp. Penal de las Ps. Jcas. pueda cumplir su propósito de incentivar una real autoregulación sólida, viva, y con consecuencias significativas para su infracción (y la modificación del reglamento aprobado por el Superintendente Coloma. Y, si no da para eso, simplemente deróguenlo -aún eso sería mejor que su actual versión). Digo: vamos, muchachos, ya entramos a la OCDE, ahora hagámosla en serio. Eso incluye terminar con el disparate del sistema de "certificación" del modelo de prevención de delitos.
3. Hacerse cargo del problema principal: la necesidad de construir en Chile una comunidad profesional especializada -hoy inexistente- en materia de prevención del fraude corporativo, y sus nuevas subespecialidades profesionales: Certified Fraud Examiners (CFE) y forenses (auditores, informáticos, y otros). Hay varios mecanismos para eso -subsidios, incentivos, convenios, presión en los gobiernos corporativos, y otros-, pero urge presionar una rápida maduración del mercado nacional, tanto por el lado de las empresas como de los practicantes antifraude. En Chile simplemente no hay una masa crítica de Oficiales de Cumplimiento calificados.
En mis siguientes posts voy a abundar sobre estas y otras piezas necesarias.
2. A nivel normativo, centrarse en la urgente modificación para hacer de la Ley de Resp. Penal de las Ps. Jcas. pueda cumplir su propósito de incentivar una real autoregulación sólida, viva, y con consecuencias significativas para su infracción (y la modificación del reglamento aprobado por el Superintendente Coloma. Y, si no da para eso, simplemente deróguenlo -aún eso sería mejor que su actual versión). Digo: vamos, muchachos, ya entramos a la OCDE, ahora hagámosla en serio. Eso incluye terminar con el disparate del sistema de "certificación" del modelo de prevención de delitos.
3. Hacerse cargo del problema principal: la necesidad de construir en Chile una comunidad profesional especializada -hoy inexistente- en materia de prevención del fraude corporativo, y sus nuevas subespecialidades profesionales: Certified Fraud Examiners (CFE) y forenses (auditores, informáticos, y otros). Hay varios mecanismos para eso -subsidios, incentivos, convenios, presión en los gobiernos corporativos, y otros-, pero urge presionar una rápida maduración del mercado nacional, tanto por el lado de las empresas como de los practicantes antifraude. En Chile simplemente no hay una masa crítica de Oficiales de Cumplimiento calificados.
En mis siguientes posts voy a abundar sobre estas y otras piezas necesarias.