Estimados amigos, aquí va mi Columna de Opinión en Economía y Negocios de El Mercurio de hoy.
Básicamente lo que dice es que no tienen idea lo que están haciendo, están fuera de estándar y metodologías internacionales, y, si bien quizás algunas medidas sean razonables, y otras aparentes disparates, lo cierto es que ninguna de ellas es necesaria -siquiera útil- para lo que está detrás: la cuestión del fraude corporativo y el rol de la SVS en ello.
Si es cierto que las medidas anunciadas están fuertemente influenciadas por el caso La Polar y el ánimo de evitar -en la medida de lo posible- fraudes corporativos en el futuro, algunas de mis sugerencias -poco originales en realidad, pues son tomadas de la experiencia internacional- irían por algunos de los siguientes temas:
1. Promover la conciencia pública de que el fraude corporativo es un fenómeno global, estructural, y transversal al mercado, con enormes costos financieros y sociales -y riesgos significativos para la competitividad del mercado nacional.
2. A nivel normativo, centrarse en la urgente modificación para hacer de la ley de resp. penal de las Ps. Jcas. pueda cumplir su propósito de incentivar una real autoregulación profesional, "viva", y con consecuencias significativas para su infracción. Digo: vamos, muchachos, ya entramos a la OCDE -ya nos compraron la charada-, ahora hagámosla en serio, puesto que sustantivas cuestiones de mercado y micro-economía nacional están en juego.
3. Hacerse cargo del problema principal: la necesidad de construir en Chile una comunidad profesional especializada -hoy inexistente- en materia de prevención del fraude corporativo, y sus nuevas subespecialidades profesionales: Certified Fraud Examiners (CFE) y forenses (auditores, informáticos, y otros). Hay varios mecanismos para eso -subsidios, incentivos, convenios, presión en los gobiernos corporativos, y otros-, pero urge presionar una rápida maduración del mercado nacional, tanto por el lado de los dueños, controladores y altos ejecutivos en general, como de los practicantes antifraude. En Chile simplemente no hay una masa crítica de oficiales de cumplimiento calificados.
En mis siguientes posts voy a abundar sobre estas y otras piezas necesarias para avanzar con razonable éxito.
Básicamente lo que dice es que no tienen idea lo que están haciendo, están fuera de estándar y metodologías internacionales, y, si bien quizás algunas medidas sean razonables, y otras aparentes disparates, lo cierto es que ninguna de ellas es necesaria -siquiera útil- para lo que está detrás: la cuestión del fraude corporativo y el rol de la SVS en ello.
Si es cierto que las medidas anunciadas están fuertemente influenciadas por el caso La Polar y el ánimo de evitar -en la medida de lo posible- fraudes corporativos en el futuro, algunas de mis sugerencias -poco originales en realidad, pues son tomadas de la experiencia internacional- irían por algunos de los siguientes temas:
1. Promover la conciencia pública de que el fraude corporativo es un fenómeno global, estructural, y transversal al mercado, con enormes costos financieros y sociales -y riesgos significativos para la competitividad del mercado nacional.
2. A nivel normativo, centrarse en la urgente modificación para hacer de la ley de resp. penal de las Ps. Jcas. pueda cumplir su propósito de incentivar una real autoregulación profesional, "viva", y con consecuencias significativas para su infracción. Digo: vamos, muchachos, ya entramos a la OCDE -ya nos compraron la charada-, ahora hagámosla en serio, puesto que sustantivas cuestiones de mercado y micro-economía nacional están en juego.
3. Hacerse cargo del problema principal: la necesidad de construir en Chile una comunidad profesional especializada -hoy inexistente- en materia de prevención del fraude corporativo, y sus nuevas subespecialidades profesionales: Certified Fraud Examiners (CFE) y forenses (auditores, informáticos, y otros). Hay varios mecanismos para eso -subsidios, incentivos, convenios, presión en los gobiernos corporativos, y otros-, pero urge presionar una rápida maduración del mercado nacional, tanto por el lado de los dueños, controladores y altos ejecutivos en general, como de los practicantes antifraude. En Chile simplemente no hay una masa crítica de oficiales de cumplimiento calificados.
En mis siguientes posts voy a abundar sobre estas y otras piezas necesarias para avanzar con razonable éxito.