Las llamadas "Big 4s": Price Waterhouse Cooper (PwC), Deloitte, Ernst & Young (E&Y) y KPMG. Cuatro firmas que, en Chile como en buena parte del mundo, se distribuyen casi hegemónicamente el mercado de Auditoría Externa: A nivel global, 2011 les dejó un histórico record de utilidades que, combinadas, llegaron a US$ 103 mil millones. En Chile, las cuatro Auditoras cerraron 2010 con ingresos agregados por casi 129 mil millones de pesos, en donde el concepto de "Auditoría" se elevaba levemente sobre $78 mil millones, y casi $40,6 mil millones correspondieron a “otros servicios” (asesorías). Bien por ellas.
No necesitan entonces meterse con la nueva Ley de Responsabilidad Penal de la Empresa ("Busque algo que no sepa hacer… y no lo haga"). Como un favor al mercado nacional. Es un tema sobre el que no saben, y nunca han querido saber, como lo han dejado históricamente claro; y, dado que las 4 por igual son, en todo el mundo, blanco de demandas y querellas por su ineptitud o condescendencia con cientos de fraudes cometidos por sus clientes en todo el mundo –y abierta la puerta con la sanción de PwC en Chile por La Polar- mi sugerencia es que sigan haciendo lo que saben hacer, y no permitan que los desvíen de su tan claramente exitoso core-bussines, sólo porque una ley mediocremente concebida fue tan frívolamente ignorante como para cometer el disparate de nombrarlas expresamente. (Junto con las Clasificadoras de Riesgo, fíjense… Se les pasó Bomberos, también expertos en el área de riesgo y seguridad…).
¿Por qué habrían de abstenerse? (O las empresas de contratarlas…). Aquí van un par de razones.
No necesitan entonces meterse con la nueva Ley de Responsabilidad Penal de la Empresa ("Busque algo que no sepa hacer… y no lo haga"). Como un favor al mercado nacional. Es un tema sobre el que no saben, y nunca han querido saber, como lo han dejado históricamente claro; y, dado que las 4 por igual son, en todo el mundo, blanco de demandas y querellas por su ineptitud o condescendencia con cientos de fraudes cometidos por sus clientes en todo el mundo –y abierta la puerta con la sanción de PwC en Chile por La Polar- mi sugerencia es que sigan haciendo lo que saben hacer, y no permitan que los desvíen de su tan claramente exitoso core-bussines, sólo porque una ley mediocremente concebida fue tan frívolamente ignorante como para cometer el disparate de nombrarlas expresamente. (Junto con las Clasificadoras de Riesgo, fíjense… Se les pasó Bomberos, también expertos en el área de riesgo y seguridad…).
¿Por qué habrían de abstenerse? (O las empresas de contratarlas…). Aquí van un par de razones.
La nueva Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (LRPJ) prevé que las empresas implementen modelos de prevención de ciertos fraudes corporativos (básicamente cohecho y lavado de activos). No las obliga, pero la existencia de dicho modelo de prevención opera como una salvaguarda contra la persecución penal de la entidad. En esto, la legislación sigue una tendencia mundial, y fue una exigencia para el ingreso de Chile a la OCDE. A su turno, establece un sistema de "certificación" del modelo en cuestión. Esto es un disparate, nacido de la cultura legislativa chilensis, y sólo eso aquí; en los posts que vienen me voy a hacer cargo del tema (pero para ofrecer una imagen, es como si la calidad de un futbolista dependiera de una certificación cada algunos años). Mi interés aquí: no contentos con establecer dicho sistema de certificación, tanto la Ley como el Reglamento mencionan como paradigmas de certificadoras de la calidad y eficacia de dichos modelos, nada menos que a las Auditoras Externas. Las mismas que, de paso, ofrecen actualmente a las empresas servicios para construir modelos de prevención y compliance. Para este escenario, las Auditoras deben carecer de toda vergüenza (y los gobernantes estar sumidos en ella…).
Durante años, la auditoría de una "Big 4" fue garantía de seriedad y seguridad para el mercado y el público. A partir del caso La Polar y las sanciones a PwC, las dudas han alcanzado a todo el mercado de auditoría externa. Y con razón. Es hora de levantar el velo de inmunidad y prestigio de que gozan las llamadas "Big 4s".
En primer lugar, despejemos el hecho que todas las auditoras han asentado histórica, explícita y enfáticamente: ellas reniegan de todo rol o responsabilidad en la comisión de fraudes corporativos de las empresas que auditan. Y con razón: dada esa larga tradición –y tal como ellas mismas han defendido una y otra vez- carecen de conocimientos técnicos, experticia, know how y experiencia en la materia. En ese sentido, ver intervención de Luis Enrique Álamos, socio principal de PwC, recogida por El Mercurio el pasado 15 de marzo: "…no se debe olvidar que en el caso de La Polar estamos frente a un Fraude". Pero, en ese mismo sentido, también el propio Banco Mundial: “Aun cuando la auditoría financiera ocasionalmente revela fraudes, mayoritariamente no es así, porque no están diseñadas para hacer eso”.
En segundo lugar, despachemos también el insalvable conflicto de intereses que se genera cuando toda la información empírica señala que los mayores fraudes corporativos –que promedian entre US$ 1 y 4 millones o bien, explican el 60% del multimillonario costo del fraude corporativo transversal a todo el mercado y que, en sus versiones de antología, suelen dejar a la Compañía en situación de quiebra, o cerca de ella- son cometidos casi en su totalidad por la plana de altos ejecutivos, Directores, dueños o controladores de la empresa. Los mismos altos ejecutivos que deciden anualmente la contratación de los servicios de las Auditoras.
Sin embargo, es la tercera cuestión la que parece más revelador sacar de una vez por todas a la luz pública: desde Enron hasta Madoff y los que han seguido (Pfizer, Siemens, Satyam…); cada uno de los 50 mayores escándalos financieros y fraude corporativo ha sido precedidos por un pulcro y positivo informe de auditoría de una de las cuatro Big 4s.
Así, por ejemplo, Ernst & Young, Auditora Externa en el fraude de Anglo Irish Bank (2009), y su ineptitud para detectar millonarios préstamos realizados ocultamente al Presidente de la entidad (perjuicio estimado: US$ 40.000 millones); KPMG, Auditora Externa de Xerox, mientras la empresa falsificó durante 5 años sus resultados financieros, por un total de US$ 1.500 millones (2000). Asimismo, y según se estableció en un proceso formal contra su filial Alemana, KPMG ignoró pagos ascendientes a casi US$ 2.000 millones por concepto de corrupción, realizados por Siemens entre 2002 y 2006. En 2007 Alemania abrió una investigación penal en contra de la Auditora; Deloitte, Auditora Externa de Quest Communications entre 2000 y 2002, años en que la compañía Holandesa infló sus utilidades por vía de, entre otras, asentar contablemente de manera equívoca operaciones comerciales de largo plazo; o, PwC, Auditora Externa de Kmart Corp en 2002, época en que se destapó el fraude contable de la empresa por un monto de US$ 17.000 millones.
Estos son ejemplos de fraudes multimillonarios, la mayoría cometidos durante años, que reflejan la incapacidad de las Big4 para detectarlos (en la versión más inocente, y al menos en la historia oficial). Una muestra ilustrativa, de cientos de casos.
A la par, hay muchos otros en los cuales la ineptitud, negligencia, ineficacia, o derecha colusión, ha generado un sorprendente volumen de sanciones, cargos civiles, incluso investigaciones delictuales para las "Big4". En la última década –y sólo en el ámbito de la SEC y del Departamento de Justicia de Estados Unidos- sus multas combinadas acumulan la impresionante cifra de US$ 6.500 millones, distribuidas más o menos por igual entre las cuatro (a fines de 2009 E&Y encabezaba con multas por US$ 1.920 millones; KPMG US$ 1.420 millones; PwC US$ 1.270 millones; y, Deloitte con US$ 1.250 millones). Sólo para ilustrar:
En su sanción más reciente, PwC fue multada por la SEC (Security Exchange Commission) –el equivalente norteamericano de la SVS Chilena- en la suma de US$7.5 millones, por su rol como Auditora en el fraude de Satyam -en India-, uno de los últimos escándalos financieros "de clase mayor" -superior al Billón de dólares. Pero, como en las demás Auditoras, las multas, sanciones o pagos por ineptitud o participación en fraudes o negligencias financieras se remonta todavía otra década más. Así, en 1998 PwC y E&Y acordaron pagar en conjunto la suma de US$ 175 millones por su rol como auditores en la quiebra masivamente fraudulenta del que fuera considerado el 6º mayor Banco del Mundo, el Británico Bank of Credit and Commerce International (con un monto defraudado de US$ 10.000 millones).
Por su parte, en junio de 2011 el ex Presidente de Taylor, Bean & Whitaker (TBW) fue condenado a 30 años de cárcel junto con otros 6 altos ejecutivos, por el masivo fraude financiero cometido ininterrumpidamente entre 2002 y 2009, años durante los cuales la entidad fue auditada por Deloitte. Actualmente Deloitte enfrenta una demanda por US$ 7.000 millones, basada en su incapacidad para detectar el fraude, y por ignorar todas las "redflgas" en los libros de TBW que habrían permitido de detección temprana. Vinculado a este caso, Deloitte y PwC comparten tribuna, en relación con la quiebra del Colonial Bancgroup Inc. Ambas Auditoras Externos de la entidad entre 2002 y 2009, período en que la entidad distrajo US$ 1.800 millones, y generó fraudulentamente pérdidas por fraudes contables por un total de US$ 3.800 millones. Tanto el Banco como sus clientes iniciaron en 2010 una demanda colectiva en contra de PwC, por US$ 1.800 millones.
En el caso de Adelphia Communications, sexta mayor compañía de televisión por cable de USA, ésta, entre 1998 y 2002, ocultó sus pérdidas e infló sus ganancias, generando un fraude estimado en US$ 3.100 millones en favor del grupo controlador: en 2005 Deloitte accedió a pagar US$ 50 millones para conciliar cargos administrativos en su calidad de Auditora Externa de la Compañía durante los últimos 3 años del fraude. (El fundador de Adelphia fue condenado al pago de US$ 100 millones y 15 años de cárcel. Su hijo, a 20 años).
KPMG admitió en 2005 su responsabilidad penal por diversos cargos de fraude levantados en su contra por el Dpto. de Justicia Norteamericano, al crear, en colusión con Deutche Bank, un refugio de evasión tributaria para un conjunto exclusivo de clientes, por un total de US$ 2.500 millones. Tras declararse culpable, KPMG accedió al pago de US$ 456 millones en el contexto de una suspensión condicional, y en 2008 3 de sus miembros fueron condenados penalmente a título personal.
Ernst & Young, Auditora Externa al momento de la quiebra fraudulenta de AKAI Holding (Hong Kong), concilió en 2009 pagar a los liquidadores US$ 200 millones, mientras la Auditora era acusada de haber falsificado documentos judiciales a efectos de eludir cargos por negligencia. En otro caso, la Fiscalía Federal de Nueva York presentó en 2010 cargos penales en contra de E&Y, acusando a la Auditora de ayudar a su cliente Lehman Brothers "en la comisión masiva de fraude contable", y de distorsionar ante los inversionistas la real situación del Banco.
Esta es la otra faceta de las "Big 4". ¿Éstas son las entidades llamadas a certificar o proveer modelos de prevención del fraude corporativo, y todavía más, en el incipiente y precario mercado profesional que en esta materia no empieza siquiera apenas a formarse?
Agradecería si alguien pudiera dirigir la atención del Superintendente Coloma y del Ministro de Hacienda hacia esta pregunta; pero, si ellos no tienen respuesta, valga esta y las reflexiones de los demás posts para orientar a empresarios, directores y gerentes, que mucho puede hacerse aun utilizando esta mala ley para generar buenas prácticas. Tan sólo eviten pagar por chamullos y planes de papel, busquen profesionalizar el problema, y quizás tengamos una chance frente a la regulación penal internacional que ineludiblemente estamos ad portas de enfrentar.
Durante años, la auditoría de una "Big 4" fue garantía de seriedad y seguridad para el mercado y el público. A partir del caso La Polar y las sanciones a PwC, las dudas han alcanzado a todo el mercado de auditoría externa. Y con razón. Es hora de levantar el velo de inmunidad y prestigio de que gozan las llamadas "Big 4s".
En primer lugar, despejemos el hecho que todas las auditoras han asentado histórica, explícita y enfáticamente: ellas reniegan de todo rol o responsabilidad en la comisión de fraudes corporativos de las empresas que auditan. Y con razón: dada esa larga tradición –y tal como ellas mismas han defendido una y otra vez- carecen de conocimientos técnicos, experticia, know how y experiencia en la materia. En ese sentido, ver intervención de Luis Enrique Álamos, socio principal de PwC, recogida por El Mercurio el pasado 15 de marzo: "…no se debe olvidar que en el caso de La Polar estamos frente a un Fraude". Pero, en ese mismo sentido, también el propio Banco Mundial: “Aun cuando la auditoría financiera ocasionalmente revela fraudes, mayoritariamente no es así, porque no están diseñadas para hacer eso”.
En segundo lugar, despachemos también el insalvable conflicto de intereses que se genera cuando toda la información empírica señala que los mayores fraudes corporativos –que promedian entre US$ 1 y 4 millones o bien, explican el 60% del multimillonario costo del fraude corporativo transversal a todo el mercado y que, en sus versiones de antología, suelen dejar a la Compañía en situación de quiebra, o cerca de ella- son cometidos casi en su totalidad por la plana de altos ejecutivos, Directores, dueños o controladores de la empresa. Los mismos altos ejecutivos que deciden anualmente la contratación de los servicios de las Auditoras.
Sin embargo, es la tercera cuestión la que parece más revelador sacar de una vez por todas a la luz pública: desde Enron hasta Madoff y los que han seguido (Pfizer, Siemens, Satyam…); cada uno de los 50 mayores escándalos financieros y fraude corporativo ha sido precedidos por un pulcro y positivo informe de auditoría de una de las cuatro Big 4s.
Así, por ejemplo, Ernst & Young, Auditora Externa en el fraude de Anglo Irish Bank (2009), y su ineptitud para detectar millonarios préstamos realizados ocultamente al Presidente de la entidad (perjuicio estimado: US$ 40.000 millones); KPMG, Auditora Externa de Xerox, mientras la empresa falsificó durante 5 años sus resultados financieros, por un total de US$ 1.500 millones (2000). Asimismo, y según se estableció en un proceso formal contra su filial Alemana, KPMG ignoró pagos ascendientes a casi US$ 2.000 millones por concepto de corrupción, realizados por Siemens entre 2002 y 2006. En 2007 Alemania abrió una investigación penal en contra de la Auditora; Deloitte, Auditora Externa de Quest Communications entre 2000 y 2002, años en que la compañía Holandesa infló sus utilidades por vía de, entre otras, asentar contablemente de manera equívoca operaciones comerciales de largo plazo; o, PwC, Auditora Externa de Kmart Corp en 2002, época en que se destapó el fraude contable de la empresa por un monto de US$ 17.000 millones.
Estos son ejemplos de fraudes multimillonarios, la mayoría cometidos durante años, que reflejan la incapacidad de las Big4 para detectarlos (en la versión más inocente, y al menos en la historia oficial). Una muestra ilustrativa, de cientos de casos.
A la par, hay muchos otros en los cuales la ineptitud, negligencia, ineficacia, o derecha colusión, ha generado un sorprendente volumen de sanciones, cargos civiles, incluso investigaciones delictuales para las "Big4". En la última década –y sólo en el ámbito de la SEC y del Departamento de Justicia de Estados Unidos- sus multas combinadas acumulan la impresionante cifra de US$ 6.500 millones, distribuidas más o menos por igual entre las cuatro (a fines de 2009 E&Y encabezaba con multas por US$ 1.920 millones; KPMG US$ 1.420 millones; PwC US$ 1.270 millones; y, Deloitte con US$ 1.250 millones). Sólo para ilustrar:
En su sanción más reciente, PwC fue multada por la SEC (Security Exchange Commission) –el equivalente norteamericano de la SVS Chilena- en la suma de US$7.5 millones, por su rol como Auditora en el fraude de Satyam -en India-, uno de los últimos escándalos financieros "de clase mayor" -superior al Billón de dólares. Pero, como en las demás Auditoras, las multas, sanciones o pagos por ineptitud o participación en fraudes o negligencias financieras se remonta todavía otra década más. Así, en 1998 PwC y E&Y acordaron pagar en conjunto la suma de US$ 175 millones por su rol como auditores en la quiebra masivamente fraudulenta del que fuera considerado el 6º mayor Banco del Mundo, el Británico Bank of Credit and Commerce International (con un monto defraudado de US$ 10.000 millones).
Por su parte, en junio de 2011 el ex Presidente de Taylor, Bean & Whitaker (TBW) fue condenado a 30 años de cárcel junto con otros 6 altos ejecutivos, por el masivo fraude financiero cometido ininterrumpidamente entre 2002 y 2009, años durante los cuales la entidad fue auditada por Deloitte. Actualmente Deloitte enfrenta una demanda por US$ 7.000 millones, basada en su incapacidad para detectar el fraude, y por ignorar todas las "redflgas" en los libros de TBW que habrían permitido de detección temprana. Vinculado a este caso, Deloitte y PwC comparten tribuna, en relación con la quiebra del Colonial Bancgroup Inc. Ambas Auditoras Externos de la entidad entre 2002 y 2009, período en que la entidad distrajo US$ 1.800 millones, y generó fraudulentamente pérdidas por fraudes contables por un total de US$ 3.800 millones. Tanto el Banco como sus clientes iniciaron en 2010 una demanda colectiva en contra de PwC, por US$ 1.800 millones.
En el caso de Adelphia Communications, sexta mayor compañía de televisión por cable de USA, ésta, entre 1998 y 2002, ocultó sus pérdidas e infló sus ganancias, generando un fraude estimado en US$ 3.100 millones en favor del grupo controlador: en 2005 Deloitte accedió a pagar US$ 50 millones para conciliar cargos administrativos en su calidad de Auditora Externa de la Compañía durante los últimos 3 años del fraude. (El fundador de Adelphia fue condenado al pago de US$ 100 millones y 15 años de cárcel. Su hijo, a 20 años).
KPMG admitió en 2005 su responsabilidad penal por diversos cargos de fraude levantados en su contra por el Dpto. de Justicia Norteamericano, al crear, en colusión con Deutche Bank, un refugio de evasión tributaria para un conjunto exclusivo de clientes, por un total de US$ 2.500 millones. Tras declararse culpable, KPMG accedió al pago de US$ 456 millones en el contexto de una suspensión condicional, y en 2008 3 de sus miembros fueron condenados penalmente a título personal.
Ernst & Young, Auditora Externa al momento de la quiebra fraudulenta de AKAI Holding (Hong Kong), concilió en 2009 pagar a los liquidadores US$ 200 millones, mientras la Auditora era acusada de haber falsificado documentos judiciales a efectos de eludir cargos por negligencia. En otro caso, la Fiscalía Federal de Nueva York presentó en 2010 cargos penales en contra de E&Y, acusando a la Auditora de ayudar a su cliente Lehman Brothers "en la comisión masiva de fraude contable", y de distorsionar ante los inversionistas la real situación del Banco.
Esta es la otra faceta de las "Big 4". ¿Éstas son las entidades llamadas a certificar o proveer modelos de prevención del fraude corporativo, y todavía más, en el incipiente y precario mercado profesional que en esta materia no empieza siquiera apenas a formarse?
Agradecería si alguien pudiera dirigir la atención del Superintendente Coloma y del Ministro de Hacienda hacia esta pregunta; pero, si ellos no tienen respuesta, valga esta y las reflexiones de los demás posts para orientar a empresarios, directores y gerentes, que mucho puede hacerse aun utilizando esta mala ley para generar buenas prácticas. Tan sólo eviten pagar por chamullos y planes de papel, busquen profesionalizar el problema, y quizás tengamos una chance frente a la regulación penal internacional que ineludiblemente estamos ad portas de enfrentar.